Las dos principales centrales sindicales de Grecia convocaron ayer a una nueva jornada de huelga nacional para el próximo 18 de octubre, fecha que coincide con la celebración de la cumbre de la Unión Europea (UE), en la que se discutirá un nuevo paquete de recortes presupuestarios –equivalente a unos 13 mil 500 millones de euros– propuesto por el gobierno de Andonis Samaras. El anuncio se produce un día después de las masivas protestas en Atenas por la visita de la canciller alemana, Angela Merkel, quien el pasado martes se reunió con el primer ministro helénico y le expresó su respaldo a los recortes referidos.
La continuidad de las expresiones de rechazo y los barruntos de explosividad social en Grecia son consecuencia del hartazgo de la población de ese país, obligada a cargar con los costos de la irresponsabilidad y la corrupción de sus autoridades y de las sucesivas turbulencias financieras, tanto exógenas como endógenas: hasta ahora, las políticas de ajuste avaladas por los regímenes de Yorgios Papandreu, Lukas Papademos y Andonis Samaras sólo se han traducido en eliminación de empleos, congelamientos salariales, incremento de la pobreza, afectación de los programas sociales, de salud y educación y, lejos de solucionar la crisis económica de ese país, han provocado que ésta se torne social y que escale al ámbito de la política, como quedó de manifiesto con las dificultades de los partidos mayoritarios, el Socialista Panhelénico y el derechista Nueva Democracia, para conformar una mayoría gobernante tras los pasados procesos comiciales en ese país.
En tal circunstancia, la continuidad de las exigencias europeas para que Grecia aplique las conocidas políticas neoliberales de choque –promovidas con particular energía por el gobierno alemán que preside Angela Merkel, pero diseñadas en los centros de poder financiero mundial–, equivale a solicitar un mayor sacrificio a la población de ese país, a reducir aún más sus estrechos márgenes de gobernabilidad y a colocarlo en el umbral de una parálisis, si no es que en la perspectiva de la disolución de sus instituciones.
Por lo que hace a los constantes amagos de los líderes europeos en el sentido de que Grecia podría salir del euro en caso de que no aplique las medidas diseñadas por la troika continental –Banco Central Europeo, Unión Europea y Fondo Monetario Internacional–, tales advertencias parecen soslayar que una decisión semejante representaría un elemento desestabilizador para el conjunto de economías que han adoptado la divisa común.
En esta perspectiva, el apego dogmático de Berlín y de Bruselas a las directrices neoliberales impuestas a Grecia y a otras naciones en dificultades financieras podría terminar generando un grave daño al conjunto de las economías en Europa y, por extensión, al mundo. Por ello, es necesario que los órganos políticos y económicos supranacionales del viejo continente sean capaces de ver el despropósito y los efectos catastróficos que conlleva el rumbo actual de sus decisiones, y que emprendan, por el bien de todos, un viraje en sus políticas de ajuste.
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