España continúa teniendo asignaturas pendientes en materia de derechos humanos según denunció el jueves Amnistía Internacional en la presentación de su informe anual.
La organización denunció que "persisten las torturas y los malos tratos" por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y advirtió que, en muchas ocasiones, las investigaciones para depurar responsabilidades son inadecuadas y permiten que, en algunos casos, los autores de estas agresiones queden impunes.
Para Amnistía es preocupante que el Gobierno aprobara en junio del año pasado la reforma del Código Penal sin que se hubiera modificado la definición de tortura (que diferencia entre atentado "grave" de tortura y atentado que no es grave), haciendo caso omiso a la recomendación del Comité de la ONU contra la Tortura que recomendaba que se armonizara con las normas internacionales de derechos humanos.
Otro asunto en el que el Ejecutivo no parece dispuesto a ceder, pese a las peticiones hechas desde ésta y otras organizaciones y las recomendaciones por parte de Naciones Unidas, es en la abolición del régimen de incomunicación para los detenidos sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas, que supone en la práctica que no puedan designar a un representante letrado de su elección ni consultar con su abogado de oficio de manera confidencial, ni puedan comunicar su paradero a su familia, entre otras restricciones.
Estándares mínimos de protección
Pese a que el presidente Zapatero fijó la lucha contra la violencia de género entre sus principales prioridades, según Amnistía Internacional todavía hay lagunas en la protección de las mujeres y, además, ésta no resulta homogénea. Por eso reclaman "unos estándares mínimos de protección" que garanticen la misma atención en las distintas comunidades autónomas, según explicó Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de la sección española de Amnistía Internacional.
Otro aspecto que, a juicio de esta organización, España debería mejorar es en la protección de los derechos de la infancia. Continúan las denuncias sobre castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de fármacos y asistencia médica insuficiente en centro para menores de edad con problemas sociales o de conducta.
Tampoco nuestro país es ajeno a las situaciones de racismo y discriminación. En este punto, Amnistía denuncia la "detención preventiva" de ciudadanos extranjeros y la falta de una estrategia nacional para combatir el racismo, pese a que está contemplado en el Plan Nacional de Derechos Humanos de 2008.
En este sentido, destaca las disposiciones aprobadas por varios municipios que prohíben el uso del velo integral en edificios municipales o la moción aprobada por el Senado por la que se insta al Gobierno a prohibir su uso en espacios y acontecimientos públicos.
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AI reprocha al Estado español que siga la incomunicación
Las denuncias de torturas y malos tratos a personas detenidas en el Estado español persistieron en 2010, según constata el informe anual de Amnesty International (AI), que subraya que la incomunicación de los arrestados se sigue aplicando porque el Gobierno de Madrid no ha seguido "las reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos" para abolir esta medida.
•Informe íntegro
•Apartado sobre el Estado español
13/05/2011 8:50:00 Gara
IRUÑEA-. El informe anual 2011 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo elaborado por Amnesty International (AI) vuelve a apuntar al Estado español por la cuestión de la tortura, subrayando además que Madrid se negó a abolir la detención en régimen de incomunicación.
Todos los años, AI analiza las conculcaciones de derechos humanos registradas en todo el mundo el año anterior y las plasma en un informe clasificado por estados, en el que resume los ataques que se han producido en cada uno de ellos.
Significativamente, el epígrafe "tortura y otros malos tratos" es el primero en el apartado del Estado español. Y es rotundo: "Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se tomaron medidas para recopilar y publicar datos sobre casos que pudieran suponer violaciones de derechos humanos contra personas bajo custodia policial, como establecía el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno en 2008".
Es decir, que AI constata que el Estado español se siguen produciendo casos y que el Gobierno no ha tomado ninguna medida para evitar que esta práctica continúe produciéndose.
En este sentido, destaca que en junio del año pasado se aprobó la reforma del Código Penal "sin que se hubiera modificado la definición de tortura, a pesar de que el Comité de la ONU contra la Tortura había recomendado armonizarla con las normas internacionales de derechos humanos". De este modo, el Código Penal español sigue distinguiendo entre "torturas graves" y "torturas menos graves".
El informe de AI constata asimismo que el Estado español sigue aplicando la incomunicación y que hace oídos sordos a las recomendaciones de organismos internacionales para abolir esta medida.
"Las autoridades siguieron aplicando la detención en régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades terroristas. Estas personas podían permanecer bajo custodia hasta trece días, y en ese tiempo no podían designar a un representantes letrado de su elección ni consultar con su abogado de oficio de manera confidencial; tampoco tenían acceso a un médico de su elección ni podían comunicar su paradero a su familia. En mayo, el Gobierno rechazó las recomendaciones formuladas en el examen periódico universal de la ONU para abolir esa forma de detención", dice el informe de Amnesty International.
Junto a ello, AI recoge el caso del donostiarra Mikel San Argimiro y recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que el Estado español violó la prohibición de la tortura recogida en los acuerdos internacionales al negarse a investigar las denuncias que pre- sentó tras permanecer cinco días incomunicado al ser detenido por la Guardia Civil en mayo de 2002.
Asimismo, AI recoge que el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid desestimó la denuncia por torturas presentada por Mertxe Alcocer tras ser detenida e incomunicada por la Guardia Civil en diciembre de 2008, pese a que un informe pericial constataba la presencia de hematomas y señales de patadas y golpes.
También recoge la condena de cuatro guardias civiles por infligir torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola en enero de 2008.
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